Se cumplen 32 años de vigencia de la Constitución Española. El PSOE expresa, una vez más, su público compromiso con los valores constitucionales, su respeto y decidido apoyo.
La Constitución española representa el lugar de encuentro de todos los que convivimos en España, el mínimo común ético para la paz social, el nexo que iguala, el marco de nuestros derechos y obligaciones, de los derechos y libertades fundamentales, de los mejores valores democráticos.
Así mismo, la Constitución supone el período más brillante, fecundo y duradero, desde el punto vista democrático, de la Historia de España.
En estos tiempos de crisis global, afirmamos que la Constitución española contiene un pacto en torno a un modelo económico-social claramente incompatible con el modelo económico neoliberal basado en la absoluta desregulación, en el culto a la avaricia y a la especulación, y en la disminución o eliminación de lo público y de la política, causante de la mayor parte de la crisis de la economía mundial.
Por eso es preciso reafirmar ahora más que nunca nuestro modelo constitucional. La Constitución española es una auténtica Constitución de Derechos.
Los Derechos y Libertades y los principios rectores de la política social y económica reconocidos en nuestra Carta Magna, constituyen la base de una lectura económica y social, activa y
modernizadora de la Constitución Española y de una intervención de los poderes públicos, en la realización de los derechos sociales y económicos de los españoles.
Ya no estamos ante un sistema de libertades cuyo disfrute depende de la abstención del Estado. Estamos ante lo que se denomina acción promocional de los poderes públicos, definida en el artículo 9.2 de la Constitución Española al afirmar que: “Corresponde a los poderes públicos promover las condiciones para que la libertad y la igualdad del individuo y de los grupos en que se integra sean reales y efectivas; remover los obstáculos que impidan o dificulten su
plenitud y facilitar la participación de todos los ciudadanos en la vida política, económica, cultural y social”.
Nuestra Constitución sitúa a la economía como una actividad dirigida al servicio del interés general, que no debe disociarse de la dignidad humana, la libertad, la solidaridad, la cohesión, la política social y la protección del medio ambiente.
El empleo y la lucha contra el paro son nuestro compromiso y nuestra prioridad, y un imperativo constitucional.
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